Senado aprueba “Ley Censura”: ¿Inicia la era del Estado espía?

El Senado aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones, permitiendo la geolocalización en tiempo real y generando acusaciones de censura y espionaje. Descubre por qué esta ley te afecta directamente.

En una sesión marcada por la controversia, el Senado de la República aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones. La oposición y organizaciones civiles la han bautizado como «Ley Censura», advirtiendo que abre la puerta a la vigilancia masiva y a la creación de un «Estado espía».

El panorama político mexicano se ha polarizado drásticamente tras la aprobación en el Senado de la nueva Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Impulsada por el Ejecutivo, la reforma fue aprobada con los votos de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano, frente a un rotundo rechazo del PAN y el PRI. Mientras el oficialismo defiende la ley como un paso necesario para la modernización y la conectividad, sus detractores alertan sobre un grave retroceso para la privacidad y la libertad de expresión en México.

El debate se centra en artículos que otorgan nuevas y preocupantes facultades al Estado, alimentando el temor a una vigilancia sin precedentes sobre la ciudadanía.

La controversia principal gira en torno a la capacidad de las autoridades para solicitar a las empresas de telecomunicaciones la geolocalización en tiempo real de cualquier dispositivo móvil, así como el registro de comunicaciones por hasta dos años.

• La Acusación de la Oposición: Senadores del PAN y PRI han calificado la ley como un instrumento para crear un «Estado espía y policial». Argumentan que la redacción es ambigua y no exige de forma explícita una orden judicial previa para acceder a esta información tan sensible, lo que podría permitir abusos por parte del gobierno.
• La Defensa del Oficialismo: Morena y sus aliados sostienen que estas facultades no son nuevas y que la geolocalización ya estaba contemplada en la ley desde 2014, aprobada entonces por los mismos partidos que hoy la critican. Afirman que la necesidad de una orden judicial se mantiene, ya que está estipulada en otras normativas como el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Para calmar las críticas, el gobierno eliminó algunos de los artículos más polémicos del borrador original, como el que permitía el bloqueo temporal de plataformas digitales, que había sido calificado como un mecanismo de censura previa.

Más allá del texto legal, el núcleo del conflicto es la profunda desconfianza de la sociedad civil y la oposición en las instituciones que manejarán estos datos. Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 han encendido las alarmas.

> «La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones, tal y cómo está redactada, pone en riesgo de censura a plataformas digitales y vulnera la privacidad de los datos personales de millones de usuarios…» – Alerta de organizaciones civiles.>

Los especialistas argumentan que la ley es ambigua sobre qué autoridades pueden solicitar la información y para qué fines. Este poder, en un contexto donde se ha documentado el uso de software espía contra periodistas y activistas, y donde se debilitan organismos autónomos de contrapeso como el INAI y el IFT, genera un temor fundado a que la ley se convierta en una herramienta de control político y no de seguridad pública.

La batalla por la Ley de Telecomunicaciones ha dejado de ser un debate técnico sobre regulación. Se ha convertido en un referéndum sobre la confianza en el poder y los límites que la sociedad está dispuesta a aceptar en nombre de la seguridad, planteando una pregunta fundamental: ¿a qué costo se busca conectar a México?